Aborto, ley y derechos humanos en Guatemala.

El aborto como derecho humano

La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia". [1]

La OMS enumeró la mifepristona y el misoprostol como medicamentos esenciales desde 2005 [2]

El acceso a los medicamentos esenciales como parte del derecho al más alto nivel posible de salud ("el derecho a la salud") está bien fundamentado en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos: artículo 25.1 en 1948; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Artículo 5 e) iv) en 1965; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: artículo 12.1 en 1966; La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Artículos 11, apartado 1, letra f), 12 y 14, apartado 2, letra b), en 1979; La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño; Artículo 24; La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; Artículos 28, 43 (e) y 45 (c) en 1990, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Artículo 25 en 2006.

El la Observación General 14 (2000) aplica los principios de accesibilidad, disponibilidad, adecuación y calidad garantizada de bienes y servicios, que incluyen los medicamentos esenciales "tal como se define en el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales".

Recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General n.22 (2016), declaró que "también deben estar disponibles medicamentos esenciales, incluyendo una amplia gama de métodos anticonceptivos, como condones y anticonceptivos de emergencia, y medicamentos para el aborto "(2).

En octubre de 2011, Anand Grover, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, presentó un informe a la Asamblea General de la ONU en el que se decía: "Las leyes penales que penalizan y restringen el aborto inducido son ejemplos paradigmáticos de obstáculos no permitidos para la realización del derecho de las mujeres a la salud. Salud y debe ser eliminado. Estas leyes violan la dignidad y la autonomía de las mujeres al restringir gravemente la toma de decisiones por parte de las mujeres en relación con su salud sexual y reproductiva "[4].

La Observación general Nº 22 (2016) sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) estipula que "también deben estar disponibles medicamentos esenciales, incluyendo una amplia gama de métodos anticonceptivos, Como los condones y la anticoncepción de emergencia, los medicamentos para el aborto y los cuidados posteriores al aborto y los medicamentos, incluidos los medicamentos genéricos, para la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH "[5].


Responsabilidad de los estados de no limitar el acceso a la salud

Los Estados tienen la obligación positiva de respetar el derecho a la salud al abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos y otros medios de mantener la salud sexual y reproductiva, como los abortos médicos.

La Observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al más alto nivel posible de salud en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su párrafo 42, dice: "Aunque sólo los Estados son partes en el Pacto, Para su cumplimiento, todos los miembros de la sociedad -personas, incluidos los profesionales de la salud, las familias, las comunidades locales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas- tienen responsabilidades sobre la realización del derecho a la salud . Por consiguiente, los Estados Partes deben proporcionar un entorno que facilite el desempeño de esas responsabilidades. [6]

La Observación general Nº 22 (2016) sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) establece que:

    39. Los Estados Partes tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad el derecho de toda persona a la salud sexual y reproductiva.
    40. La obligación de respetar obliga a los Estados a abstenerse directa o indirectamente.
    41. La obligación de respetar también obliga a los Estados a revocar y abstenerse de promulgar leyes y políticas que creen barreras en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. [7]


UNCLOS (La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)

No existen fundamentos jurídicos para detener o detener al buque UNCLOS 3.4.2 artículo 1 -2 y 3.4.3, artículo 27 [8]



[1] http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1

[2] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_es.pdf

[3] http://www.who.int/medicines/areas/human_rights